El comercio ilegal en Argentina mueve 32.000 millones de dólares
El comercio ilícito en Argentina ya representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Se ha convertido en una actividad económica de gran tamaño, afectando la recaudación fiscal, el empleo formal y las inversiones en el país. Esta situación es preocupante y refleja la magnitud del problema que enfrentamos.
Un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) reveló que, si tomamos en cuenta el PBI mencionado por el Banco Mundial, el mercado ilegal en Argentina movería alrededor de u$s32.000 millones por año. Lo más sorprendente es que este fenómeno no se limita a la venta informal de productos falsificados en la calle. Detrás de estas actividades operan organizaciones que aprovechan los bajos costos de producción y la escasa supervisión para generar grandes ganancias.
Además, el informe indica que la participación del comercio ilícito podría seguir creciendo, alcanzando hasta el 5,22% del PBI hacia 2028. Un panorama que no pinta nada bien.
Por qué se expande el comercio ilícito en Argentina
El crecimiento del mercado ilegal se debe a una serie de factores económicos, sociales e institucionales. Uno de los más evidentes es la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. En un contexto de inflación y volatilidad cambiaria, la diferencia de precios entre el mercado formal y el ilegal se ha acentuado. Muchos consumidores, al ver sus ingresos deteriorados, priorizan el costo de los productos sobre su calidad o procedencia.
La carga impositiva también tiene un papel crucial. En ciertos sectores como el de las bebidas alcohólicas y el tabaco, los impuestos pueden alcanzar hasta el 80% del precio final. Por ejemplo, algunos cigarrillos en Argentina pueden costar hasta tres veces más que en Paraguay.
A esto se suma el alto nivel de informalidad laboral, que afecta al 46,5% de los trabajadores. Esta situación crea un terreno fértil para que se desarrollen circuitos comerciales que escapan de los controles tributarios, laborales y sanitarios. La escasa capacidad del Estado para perseguir y sancionar estas actividades concluye un cuadro ya bastante complejo. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, Argentina ocupa el puesto 94 de 125 países, y solo el 8% de la población confía en la Justicia.
Cuáles son los sectores más afectados
Los productos ilegales se concentran en artículos de consumo masivo. Alimentos, bebidas, cigarrillos y vestimenta son los más demandados por su rotación constante y su sensibilidad a los precios. El tabaco destaca por la diferencia de precios con países como Paraguay y Bolivia, mientras que las autopartes y productos de cuero falsificados también tienen una notable presencia. A un nivel intermedio se encuentran cosméticos, medicamentos y juguetes.
El impacto va más allá de las pérdidas económicas para las empresas y el Estado; algunos de estos productos son un riesgo para los consumidores, ya que se comercializan sin controles sobre su calidad o composición.
Las industrias más afectadas son aquellas donde las marcas tienen más poder y donde la diferencia de precios entre productos legales e ilegales es considerable. Como bien indicó un representante de ASIPI, hay una aceptación social del fenómeno: “Es un robo que la gente realiza de forma socialmente aceptada”.
En comparación, el comercio ilícito en Brasil representa aproximadamente el 4% del PBI, mientras que en México, este índice alcanza el 8,8% y podría llegar al 13,7% en 2028. En ese sentido, México se encuentra en el contexto más complicado, con una de cada tres mercancías comercializadas de origen ilegal.
Qué medidas propone el informe
A pesar de las diferencias entre países, el estudio identifica tres factores que ayudan a explicar este fenómeno en la región: la digitalización sin controles suficientes, la debilidad de los sistemas judiciales y la desigualdad social. Las plataformas digitales han abierto canales para vender productos falsificados y facilitan transacciones entre compradores y vendedores, muchas veces difíciles de rastrear.
Por eso, se hace urgente actualizar los mecanismos de vigilancia. ASIPI sugiere fortalecer los controles en las aduanas, mejorar los sistemas de trazabilidad de productos y asegurar la aplicación efectiva de las normas relacionadas con la propiedad intelectual.